Registro Provincial
del Transporte

Fundamentos y espíritu de la Ley Nº 2799-A

Transporte de Personas y Cargas de la Provincia de San Juan

La Ley Nº 2799-A nace de un diagnóstico compartido por el Poder Ejecutivo y la Legislatura: el transporte sanjuanino se regía por un marco normativo que llevaba varias décadas sin actualizarse y que ya no respondía a la realidad de la movilidad provincial. La norma se presentó como una reforma de fondo orientada a ordenar, modernizar y transparentar el sistema de traslado de pasajeros y cargas en toda la provincia, unificando por primera vez en un mismo cuerpo legal el transporte de personas y el de cargas.

Su espíritu queda condensado en los principios rectores que la propia ley enuncia: no son enunciados decorativos, sino la vara con la que la norma pide que se evalúe todo el sistema. El Ejecutivo resumió esa orientación en tres ejes operativos: la mejora de la calidad del servicio, la accesibilidad y la seguridad vial, junto con criterios de control y evaluación continua, como una normativa integral "pensada en los usuarios".

Un cambio de paradigma regulatorio

El corazón de la reforma es el reemplazo del histórico régimen de licencias por un registro provincial de prestadores: el Re.Pro.Tran. El sistema anterior había derivado en un negocio de alquiler y compraventa de licencias que desvirtuaba la finalidad pública del servicio; la ley viene a eliminar ese alquiler o compraventa. Bajo el nuevo esquema, la habilitación deja de ser un derecho transferible entre privados y pasa a ser una inscripción a la que puede acceder cualquier ciudadano que cumpla los requisitos. El propósito es doble: terminar con las distorsiones de captación de renta y, a la vez, ampliar la oferta y abrir la competencia —tanto en el servicio regular de colectivos como en el no regular: taxis, remises y aplicaciones—.

Trazabilidad y control en tiempo real

La ley sustituye el control documental estático por un sistema integrado que individualiza quién opera cada vehículo, en qué condiciones y cuáles son sus responsabilidades, con la aspiración de monitorear la composición del servicio y sus flujos de manera dinámica. La obligatoriedad de geolocalización en el transporte no regular, la vinculación técnica entre prestador, chofer y vehículo, el certificado de registración con verificación digital y la integración de las sanciones al registro son las herramientas concretas de ese principio de modernización y profesionalización del sector.

Mayor exigencia en defensa del usuario

El espíritu protector del usuario y del interés público se refuerza con un régimen más estricto: se incorpora la categoría de incumplimientos "gravísimos" y se elevan significativamente las multas, se jerarquiza la seguridad vial, se crea una modalidad específica de transporte con accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida, e incluso se incorporan obligaciones de sensibilidad social como el traslado de animales de compañía.

En síntesis: cuatro objetivos entrelazados